La investigación permitió concluir que la desaparición de evidencias sobre el caso Ayotzinapa respondió a una operación ordenada desde la Administración estatal de Guerrero
Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó este jueves que una nueva línea de investigación permitió acreditar la presunta participación del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en el ocultamiento deliberado de videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Durante un mensaje a medios, Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que el reanálisis de las investigaciones existentes derivó en nuevos elementos de prueba que llevaron a solicitar y obtener una orden de aprehensión contra el exmandatario estatal por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, la cual fue cumplimentada hoy en el Estado de México (Edomex).
Antes de detallar los avances, la Fiscal General dirigió un mensaje a las familias de los estudiantes desaparecidos y les reiteró el compromiso de la institución para esclarecer los hechos.
"Les expreso toda nuestra solidaridad. Sepan que en la Fiscalía General de la República trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de estos hechos, a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos", expresó.
La Fiscal Ernestina Godoy explicó que el nuevo modelo de investigación impulsado por la institución permitió revisar de manera profunda las actuaciones realizadas durante años, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los normalistas.
Según expuso, ese análisis acreditó "con plena evidencia y apego al debido proceso la posible participación de Ángel 'N', exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes".
Uno de los elementos centrales corresponde a las videograbaciones captadas la noche del 26 de septiembre de 2014 por las cámaras de seguridad 12 y 15, instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, donde quedó registrado el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban los normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales.
Godoy recordó que durante años las autoridades sostuvieron que ese material no existía debido a supuestas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, las diligencias posteriores demostraron que esa versión era falsa.
La investigación también incorporó el testimonio de una colaboradora que, en enero de 2026, confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a la persona que presuntamente las sustrajo para entregarlas directamente al entonces Gobernador de Guerrero. De acuerdo con la Fiscal, esa testigo explicó que permaneció en silencio durante años debido a amenazas.
En mayo, un segundo testigo protegido declaró que Aguirre Rivero, durante una reunión con funcionarios cercanos a él, ordenó desaparecer evidencias de los hechos en Iguala y, junto con otros testimonios, la FGR afirmó contar con pruebas que acreditan que la instrucción de ocultar las grabaciones partió directamente del entonces Gobernador con apoyo de altos funcionarios estatales.
Con base en los nuevos datos, la Fiscal General sostuvo que la desaparición de las grabaciones no respondió a una omisión ni a problemas técnicos, sino a una acción planeada desde la estructura del Gobierno de Guerrero.
"Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal", acusó.
Sin abundar más, Godoy Ramos aseguró que las investigaciones continuarán respetando el debido proceso y que la Fiscalía mantendrá informadas a las familias de los estudiantes conforme los avances puedan hacerse públicos.
"Continuaremos estas investigaciones con toda la seriedad, profesionalismo y rigor científico que se requieren. No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos", afirmó.
Finalmente, reiteró que la institución mantendrá abiertas todas las líneas de investigación y advirtió que continuará actuando contra cualquier persona involucrada en el caso: "Donde haya impunidad habrá investigación, y donde haya crimen habrá consecuencias".
Magistrada presa por destruir evidencia de Ayotzinapa
En mayo de 2025, una Jueza federal dictó auto de formal prisión contra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, dentro de las investigaciones por el caso Ayotzinapa.
La exmagistrada fue señalada por la presunta pérdida, ocultamiento o destrucción de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales registraron parte de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes normalistas.
Según la FGR, las imágenes de ambas cámaras, que durante años se reportaron como inexistentes por supuestas fallas técnicas, contenían información importante para reconstruir lo que ocurrió aquella noche en el municipio guerrerense.
Galeana Marín fue detenida el 14 de mayo de 2025 en Chilpancingo, Guerrero, y permanece en prisión mientras enfrenta su proceso penal por su presunta implicación.
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